Hace una semana atrás Brasil vivió unas horas de extrema tensión, debido a la violenta manifestación de miles de seguidores del ex Presidente Jaír Bolsonaro, que buscaban el apoyo Militar para derrocar a Lula Da Silva , quien siete días antes había asumido su tercer mandato constitucional.
De inmediato, hubo un fuerte respaldo político de muchos líderes del mundo al gobierno de Lula, mientras este decretaba la intervención del las fuerzas de seguridad de Brasilia , por qué no actuaron ante la gravedad del asunto que terminó con la toma muy violenta por algunas horas de los edificios públicos de los tres poderes del estado .
Mientas la justicia brasileña avanza con la investigación de estos hechos un ex ministro de Bolsonaro Anderson Torres quedó detenido tras su regreso .
Desde los Estados Unidos Anderson Torres , ex ministro era ahora el secretario de seguridad del estado de Brasilia durante la toma de los edificios federales del Gobierno central del congreso y del tribunal supremo .
En Bolivia se recalienta el clima social en las afueras de Santa Cruz , la ciudad más poblada del país , a parir de las protestas en reclamo de la liberación del Gobernador de ese estado el opositor derechista Luis Fernando Camacho quien fue detenido en diciembre por cargos de terrorismo .
Esto derivó en una serie de protestas en esa región oriental que es el motor económico y el centro agrícola del país .
Los cortes de ruta para reclamar su liberación sembraron el caos en las cadenas de distribución, dispararon los precios y agravaron las tensiones entre el gobierno izquierdista en la capital . La Paz y la oposición de derecha en Santa Cruz .
En pleno debate sobre las consecuencias económicas de las protestas , miles de personas salieron a las calles en las capitales de Ocho de las Nueves regiones del pis , para exigir la liberación de Camacho y de otros lideres opositores encarcelados en Bolivia .
Pero la situación más grave se está viviendo en Perú , que ha entrado en un laberinto peligroso . La brecha entre los ciudadanos y el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte es cada vez mayor . La oleada de protestas que desató el golpe fallido de Pedro Castillo , ya son 50 muertos en zonas rurales a causa de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad . La fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra la Presidenta y varios de sus ministros como responsables de las muertes y los centenares de heridos causados por una desmedida represión.
De las protestas en distintas zonas del país , la última de ellas en Cuzco. Dina Boluarte pidió perdón por los muertos pero aseguró que no renunciará ni convocará a una asamblea constituyente . Ella debería completar el gobierno de Castillo que finalizaba en 2026.
La gente respaldada por la mayor Federación de sindicatos del país , la mayor asociación de indígenas de la Amazonia peruana y muchas organizaciones que representan a agricultores pobres , pide elecciones para abril de este año y una nueva constitución , pero el congreso votó en contra de esas dos propuestas y aprobó adelantar las elecciones para abril del 2024 .
Es tarea del Gobierno buscar una solución a este conflicto y eso implica ir más allá de la represión o de aferrarse al poder en la capital , dando la espalda al resto del País .
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