Nuestra provincia tuvo muchos años de esplendor, con fuerte desarrollo productivo, industrial y comercial. Fueron décadas de intenso trabajo de campo que llegó a contar con cientos de miles hectáreas cultivadas y excelentes cosechas, secaderos, fábricas conserveras, bodegas, comercios y mano de obra para atender toda esa demanda creciente. Hubo muchos años de inversión en la obra pública y privada, aprovechamiento de todos nuestros recursos naturales, con más infraestructura y servicios en general. Fueron tiempos de bonanza. Ahora, hace décadas que no se ve hacia dónde va el desarrollo económico de Mendoza.
“En algunas pequeñas coyunturas la economía provincial estuvo mejor que la nacional cuando ésta no estaba tan bien”, sostiene Patricia Olguín, doctora en Historia e investigadora del Conicet. “Ambas economías lograron complementarse a finales del Siglo XIX, cuando se logró una articulación entre el vino como producto regional y las dirigencias provinciales estimularon la actividad económica para tener un producto que se pudiera vender en el mercado interno, y de esa manera, obtuvieron ingresos para funcionar”, dice Olguín.
Ese consumo interno estaba en los grandes centros urbanos, que a su vez obtenían los ingresos de una economía básicamente agroexportadora. Todo funcionó muy bien desde 1870 hasta 1930, fue la etapa de expansión vitivinícola y coincidió con la generación de valor agregado, un producto que genera riqueza y la obtención del ingreso, eran impuestos específicos que generaba y cobraba la provincia.
Con la crisis del 30 aparece la coparticipación federal, se crea el Banco Central y un conjunto de reformas y entre esas una ley de bancos que se llamaba unificación de impuestos internos. Impuestos a la producción del vino y a la uva que antes los cobraba la provincia pasaron a la nación, y esta luego los giraba vía coparticipación.
A partir de los años 60 y 70 el petróleo aparece como el otro producto que va a competir con la vitivinicultura, esta última entra en declive hasta la crisis de los 80 que generó, entre otras cosas, la privatización de Giol. La actividad petrolera generaba pocos impuestos provinciales, pero sí otros recursos como las regalías. Se nota la consecuencia de que las provincias ya no controlan los recursos de la misma manera que antes. Un estudio realizado por la universidad de La Plata desde 1959 al 2001 las transferencias a las provincias son cada vez más discrecionales. Esto tiene gran impacto en la política en general, en las posibilidades de desarrollo económico y en los planes propios que pueden proponer las provincias, sostiene Patricia Olguín.
No hay un rumbo en la economía nacional y eso condiciona a las economías regionales. En este contexto es muy difícil plantear caminos que sean viables mientras que no salgamos de una crisis permanente generada por la inflación y el endeudamiento. La economía mendocina ha crecido menos en las últimas décadas que el promedio nacional, según informes de la CEPAL y el INDEC. Eso es totalmente lógico dado que hoy en Argentina el modelo de crecimiento dominante es agroexportador, hidrocarburífero y minero, ya que son los únicos sectores competitivos globalmente empujados por los precios de los granos, los minerales y los hidrocarburos, además de las tecnologías aplicadas en las llanuras húmedas y en los yacimientos de esquisto de Vaca Muerta.
Para Adrián Acevedo, economista, y Ariel Viglione, empresario, en nota publicada este domingo en Diario Los Andes, la situación que abre el debate en Mendoza es que el modelo y matriz productiva provincial juega en desventaja en este contexto y sería necesaria una actualización. Esto incomoda a la comunidad local dado que más allá del funcionario de turno es una interpelación a la clase política, las universidades, la clase judicial y toda persona que vive en Mendoza. La crisis hídrica, el freno al desarrollo minero, sin bancos provinciales le juega en contra a Mendoza, aseguran.
Argentina está atravesando una situación económica muy complicada y este año con una inflación estimada en 98,4%. Además este 2023 es un año clave para el país dado que tendremos elecciones generales y podremos discutir ideas y propuestas para pensar qué provincias queremos y qué economía local necesitamos fortalecer. Es un año importante para definir la necesidad de un banco provincial, para fijar el marco legal bajo el cual aprovechar nuestros recursos mineros y el entorno jurídico para desarrollar la producción de hidrocarburos de esquistos. No podemos darnos la licencia de seguir perdiendo oportunidades de crecimiento para la economía de Mendoza.