La decisión del gobierno nacional, a través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), de entregar más de 21.000 hectáreas de tierras ubicadas en El Sosneado y en Los Molles a la comunidad mapuche, despertó la reacción de la dirigencia política no solo de la provincia, sino también del país.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, instruyó a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado para que inicien las acciones correspondientes para que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales 36 y 42 del 2023 del INAI mediante las cuales se entregaron las 21.000 hectáreas a “supuestas” comunidades mapuches en el sur de Mendoza.
El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, repudió la disposición administrativa del gobierno de Alberto Fernández y planteó que se trata de una “traición a la patria”. Consideró que la cesión de tierras a “comunidades pseudo mapuches muestra un desapoderamiento del territorio nacional y de nuestra soberanía”.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también cuestionó a la administración nacional por “premiar a pseudo mapuches, los mismos que incendian y siembran la violencia en la Patagonia”.
“No podemos permitir este atropello a la soberanía nacional”, sentenció el también presidente de la Unión Cívica Radical. Por su parte, el ex gobernador Alfredo Cornejo hizo un paralelismo del caso Facundo Jones Huala –detenido ayer en Río Negro- con la situación del sur provincial. El ahora senador nacional dijo que el gobierno de Alberto Fernández “hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Una lógica peligrosísima, la misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches”, aseguró Cornejo.
Suárez advirtió que las resoluciones del INAI fueron dictadas sin ninguna intervención ni participación de la provincia de Mendoza y que “el resultado de la urgencia de las mismas afectará gravemente el patrimonio local, y eso no lo permitiremos”, adelantó el gobernador. En tanto el intendente de San Rafael, Emir Félix, luego de analizar las resoluciones del INAI concluyó que “se está haciendo uso de la Ley 26160 alejada del ánimo con que fue creada, generando inseguridad jurídica. Sienta un precedente que genera tensión social y abre un panorama de reclamos a lo largo y ancho del territorio por parte de quienes dicen ser originarios, sin que tal condición esté fehacientemente comprobada”, dice Félix.
“Es imperativo que la Justicia determine con claridad la veracidad de la pertenencia étnica de esas personas. De no ser así, estaríamos frente a medidas usurpatorias que nos alejarían de lograr justicia histórica para los verdaderos habitantes originarios de Mendoza y perjudicarían claramente a otros comprovincianos”, dice finalmente Emir Félix.
Recordemos también que la Nación cedió una pequeña fracción de 3.584 metros cuadrados a una familia mapuche en Los Molles, Malargüe. El intendente Juan Manuel Ojeda, se mostró en contra de la decisión nacional. En sus redes sociales sostuvo: “Poniendo todo en su lugar tras el avasallamiento a Malargüe y Mendoza, por parte del Gobierno Nacional. Luego en declaraciones a los medios, Ojeda dijo que “la Nación paralizó una obra como Portezuelo del
Viento, imaginen si no van a tomar estas medidas. Es importante que quede claro que en el sur no llegaron, no existen comunidades mapuches. Lo que teníamos acá eran los pehuenches, esa otra comunidad”, sostuvo el funcionario malargüino.
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