Sobre el final del último diciembre en San Rafael, se produjo una riña que terminó a los tiros con un joven herido de bala en una pierna y varios aprehendidos, de los cuales solo uno quedó detenido acusado de “homicidio en grado de tentativa” a quien la Justicia confirmó hace unos días su prisión preventiva.
Todo se desencadenó cunado Jeremías Membrive, de 18 años, hijo del duelo de un local de venta de sanitarios, intentó desmantelar el parripollo que funcionaba en la vereda del negocio y resultó baleado por Luis Bettencourt, de 38 años, titular del emprendimiento clandestino. Este “sitio” gastronómico hacía muchos meses que estaba instalado en la vereda de Alberdi equina Las Heras, y con el paso del tiempo fue creciendo no solo en ventas sino en espacio físico con mayor infraestructura en el lugar, y eso habría sido el desencadenante del posterior enfrentamiento.
En nuestro departamento existe una ordenanza (N°10.887), que rige desde hace 10 años, por la que se prohíbe la venta callejera en puestos fijos. Eso a las claras no se cumple.
La venta de todo tipo de alimentos en la vía pública –después de la pandemia- se consolidó como una muy buena opción para los consumidores y para los emprendedores, que encontraron una excelente oportunidad de comprar a precios más accesibles (consumidores) y de “hacer unos pesos” para enfrentar la difícil situación económica (vendedores). Pero desde e punto de vista bromatológico ¿qué controles realiza el Estado sobre estos comercios: son permanentes, son aleatorios?
En el caso de los parripollos el origen del producto, el transporte, la cadena de frío, la higiene, seguridad y manipulación de los alimentos ¿hasta qué punto importan? “En caso de infracciones se procede al secuestro y decomiso”, dice la ordenanza. ¿Qué pasa cuando se trata de alimentos perecederos como es en este caso?
No hace mucho tempo un funcionario provincial a cargo del Departamento de Higiene y Alimentos, afirmó que “los parripollos en la vía pública no deben funcionare, y responsabilizó a los municipios por la falta de controles, y a los consumidores que alientan la venta clandestina. Pero reconoció que no es fácil sacar a estos negocios clandestinos de circulación. “El inconveniente es que hay que retirarlos con el uso dela fuerza pública”. Puso énfasis en la culpa que tienen las personas que compran este tipo de productos.
Nosotros como consumidores también tenemos un rol importante en todo esto. Si vemos que hay establecimientos en la vía pública que no nos generan garantías, no consumamos este tipo de productos. El primer responsable es el municipio, que es quien habilita a los negocios a funcionar si cumplen con la normativa vigente. Después los controles pasan a la provincia y a otros organismos, como la Dirección de Ganadería, y la Dirección de Fiscalización y Control.
Volviendo al incidente ocurrido en nuestra ciudad, desde el municipio en su momento indicaron que ya habían intimado al dueño del parripollo para desalojarlo de ese lugar, y culparon al Juzgado Contravencional de no intervenir en esta situación.
El juez Oscar De Diego se defendió diciendo que la Municipalidad no está entendiendo que la nueva legislación no habilita al Juzgado Contravencional a tener participación directa, como lo hacía la vieja ley del Código de Faltas. En este caso, y de acuerdo a la Ley 9.099 se hizo una encuesta entre los vecinos para saber si les molestaba el humo del parripollo, y ninguno dijo molestarle”, expresó el juez De Diego. El municipio es quien tiene el poder de policía para haber levantado ese puesto en su momento y haber evitado situaciones graves como las sucedidas. Acá el saldo fue de una persona herida de bala y como consecuencia el atacante detenido e imputado.
¿Quién sería el responsable ante un posible caso de intoxicación o de mayores consecuencias en la salud del consumidor? Y frente a la competencia desleal y evasión fiscal alguien también debe hacerse cargo.
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