Desaparición de cerros, apropiación de tierras fiscales, edificación que viola las leyes ambientales y el código de edificación y la falta de control por parte de las autoridades competentes son algunas de las cosas que estarían ocurriendo en Valle Grande y que denunció ante la Fiscalía de Estado el concejal Francisco Mondotte.
“Hace un año y medio comenzamos a hacer pedidos de informes por diferentes situaciones que no estaban ajustadas a la norma en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de Valle Grande. Es un tema que se habla en San Rafael en todos lados pero que institucionalmente era una olla que no se destapaba”, comentó Mondotte a MendozaNews. Señaló que se hicieron diversos pedidos de informes que incluían “voladura de cerros y movimientos de tierra siderales, apropiación y alambrado de tierras de carácter fiscal, edificación que violenta tanto el código de edificación como la ordenanza que regula el ordenamiento del Cañón del Atuel”.
El edil explicó que habitualmente el departamento Ejecutivo no responde los pedidos de informe, “habré hecho desde que asumí unos 150 pedidos y no respondieron ninguno, pero sorpresivamente algunos fueron respondidos a fines de 2022”. Dijo que en esas respuestas los mismos funcionarios expresaban que no habían cumplido debidamente sus funciones, y como ejemplo mencionó el caso de un particular que acudió al municipio para hacer unas cocheras indicaron que nunca inició el trámite, “pero las cocheras están terminadas hace 4 años, o sea que nunca hubo un control por parte de Obras privadas o de Inspección”. En otros casos respondieron que se hicieron inspecciones y apercibimientos, pero no procedieron acudiendo a la Justicia ante la falta de respuesta de los involucrados.
“Vimos también que un lugar donde había un cerro con flora nativa de golpe se convirtió en una hectárea completamente limpia y después aparecieron unas cocheras para unos 100 vehículos. Allí nunca se hizo un estudio de impacto ambiental. Juntando las imágenes, los pedidos de informes y las justificaciones basada en la Constitución Nacional, la Ley de Presupuestos mínimos ambientales de la nación y la Ley de Ambiente de la provincia hicimos la presentación en la Fiscalía de Estado, que tiene 10 días para presentarse en la Justicia y exigir lo que corresponda”, argumentó el concejal.
Indicó que a la vez esta falta de controles puede terminar con consecuencias más graves, ya que el predio donde se hicieron cocheras está sobre un desagüe aluvional, donde no se tuvo en cuenta que se trata de un cauce natural que no tienen agua permanente pero ante una tormenta grande por ahí descarga el cerro. “Hago hincapié no tanto en el prestador que hizo las cosas mal sino en el Estado que no controló, lo que no puede pasar es que haya funcionarios que por acción o por omisión permitan que estas cosas pasen”, concluyó.
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